En la intervención también participó la Policía Fiscal de Lima y la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo.
Este operativo tuvo como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual, reconocidos por la legislación peruana, así como proteger a los usuarios de los diversos riesgos a los que están expuestos al adquirir software pirata.
La piratería es una actividad ilegal que perjudica al Estado, pues se deja de pagar impuestos, y también perjudica al usuario porque el software no es de buena calidad y conlleva riesgos de seguridad para los datos de los consumidores.
La fiscal Tania Bravo Vigo, se encargó de comprobar que la intervención se efectúe bajo todos los procedimientos de ley, y de continuar las investigaciones para identificar a los propietarios de los puestos y sentar las denuncias respectivas.
Entre los principales productos pirateados están sistemas operativos, programas de diseño, ofimática y de antivirus.
Actualmente, la pena por el delito de piratería de software, para aquéllos que lo comercializan, es de hasta 8 años de pena privativa de la libertad y una multa de hasta 200 mil soles en el caso de los compradores.
En el caso de las empresas que usan software pirata, éstas se exponen a una multa de hasta 200 UIT.
Esta actividad ilegal ha causado pérdidas a la industria del software en nuestro país hasta por 84 millones de dólares en el 2008, con la consiguiente pérdida para el Estado por concepto de recaudación de impuestos no habidos
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